La reforma del juego pasa a la agenda de la próxima legislatura
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre desplaza a la próxima legislatura la posible tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley del Juego. El proceso no caduca formalmente: el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) aún no lo habían llevado a las Cortes.
La disolución introduce, sin embargo, un cambio de calendario y de interlocutores. El alcance de la reforma dependerá del nuevo Gobierno y de las prioridades del próximo Ministerio de Consumo, mientras que las iniciativas que sí estaban en tramitación parlamentaria quedan sujetas a las reglas de caducidad aplicables al cierre de las Cámaras.
La reforma de la Ley 13/2011 sigue en fase previa
La DGOJ abrió el 18 de mayo de 2026 la consulta pública previa para modificar la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. El plazo para presentar aportaciones terminó el 22 de junio. La reforma busca reforzar los controles, mejorar la prevención y dotar a la Administración de más herramientas frente al juego ilegal; el inicio del proceso y sus objetivos quedaron planteados desde esa consulta.
Entre las líneas sometidas a consideración figuran regular la presencia de personajes famosos e influencers en la publicidad, controlar las promociones de captación de clientes, limitar los anuncios en buscadores a búsquedas relacionadas con apuestas y extender las advertencias obligatorias sobre los riesgos del juego. La consulta no equivale a un proyecto de ley presentado ante el Congreso: al no haber llegado a las Cortes, la reforma no decae con la disolución, aunque su tramitación parlamentaria solo podrá comenzar en la próxima legislatura. La reforma para reforzar la respuesta frente al juego ilegal constituye el punto de partida de ese recorrido.
Cajas botín, reglamentos y calendario de depósitos
La disolución sí afecta al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. En tramitación desde septiembre de 2025 y todavía en fase de ponencia en la Comisión de Justicia a finales de septiembre de 2026, incluía la prohibición de acceso de menores a las cajas botín. Al no completar su paso por el Congreso, el proyecto caduca y tendría que presentarse de nuevo en la próxima legislatura.
Por otra parte, varios desarrollos reglamentarios de la DGOJ no pasan por las Cortes: la comercialización de loterías mediante plataformas web y aplicaciones externas, la detección de comportamientos de riesgo en el juego online y las especificaciones de los mensajes sobre riesgos. La DGOJ había mantenido reuniones con asociaciones, operadores y otras entidades durante la preparación de la reforma, incluida una conversación con representantes del juego presencial.
El calendario electoral coincide con la aplicación prevista de los límites conjuntos de depósito, ya aprobados. El Real Decreto 520/2026 se publicó el 25 de junio y fija umbrales por defecto de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros cada cuatro semanas. La entrada en vigor del sistema está prevista para el 25 de marzo de 2027.
La próxima legislatura decidirá el recorrido político
Según el Reglamento del Congreso, con la disolución caducan los asuntos pendientes de examen y resolución, salvo aquellos que correspondan a la Diputación Permanente. La reforma de la Ley 13/2011 queda fuera de ese supuesto porque aún no había llegado a la Cámara. Hasta las elecciones, el Gobierno conserva plenas facultades para aprobar reales decretos y órdenes ministeriales; una vez en funciones, la Ley 50/1997 limita su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos e impide presentar proyectos de ley.
El retraso no sorprende al sector: en julio, FEMARA ya consideraba improbable que la reforma se aprobara durante esta legislatura. El intento del Gobierno de introducir cambios en la Ley del Juego a través de la Ley de Atención a la Clientela tampoco prosperó: el Senado los eliminó y el Congreso aprobó finalmente la norma sin esas modificaciones.
La nueva composición de las Cortes y las prioridades del próximo Ejecutivo determinarán si el trabajo administrativo realizado sirve de base para un texto futuro o si cambian su alcance y calendario. Las reuniones de la DGOJ con el sector presencial forman parte de un proceso que queda ahora pendiente de la nueva legislatura.
Las conversaciones de la DGOJ con el sector presencial habían avanzado mientras se preparaba la reforma; su continuidad política queda ahora condicionada por el resultado electoral del 29 de noviembre.
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