Regulación de apuestas en Chile vs casas offshore: Un momento decisivo para la regulación de la industria
A pesar del avance del proceso legislativo que incluye un marco específico para las plataformas digitales de apuestas en Chile, el reto ahora es enfrentar los miles de apuestas de los chilenos con operadores internacionales que, entre otras cosas, están fuera del alcance tributario local.
El proyecto de legalización de apuestas online: Las claves de la regulación
En diciembre del 2025 se aprobó en Chile un nuevo proyecto de ley que establece un marco regulatorio más amplio y específico para las casas de apuestas por internet. Esto con el objetivo de controlar el crecimiento acelerado del mercado y proteger a los jugadores frente al lavado de dinero y la ilegalidad latente en casas de apuestas en toda Latinoamérica.
Con dicho proyecto se busca crear un sistema de licencias debidamente supervisado por la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos, así como la implementación obligatoria de verificación biométrica y herramientas de autoexclusión para jugadores. Asimismo, se establece un 19% de IVA, más una carga tributaria total que podría alcanzar hasta el 28% de GGR (ingresos brutos del juego) y la solicitud de bloqueo para sitios no licenciados y restricciones de métodos de pago vinculados a operadores ilegales.
Los retos de la regulación frente a un mercado internacional también en crecimiento
De acuerdo con las cifras de la industria, en el último año se reportaron más de 5 millones de usuarios activos en operadores extranjero, cuya actividad movió entre 130 a 170 millones de dólares anuales que, claramente, no se contaron como ingresos fiscales. Esto supone un inmenso porcentaje de actividad fuera del marco regulatorio nacional.
De hecho, Chile se ha convertido en uno de los países que más tráfico genera hacia plataformas internacionales, especialmente hacia aquellas con dominio .com.
Frente a lo anterior, el proyecto de regulación debe enfrentar ciertos retos que, de alguna forma, lo ponen en desventaja frente a la ‘facilidad’ ofrecida por los operadores offshore. Uno de ellos es la carga tributaria para los operadores regulados, la cual, como mencionamos anteriormente, podría alcanzar hasta el 28% sobre el GGR. De acuerdo con expertos en la industria, este aspecto tiene el poder de desincentivar la entrada de las plataformas offshore al mercado regulado en Chile.
Por otro lado, el proyecto contempla un gravamen del 2% sobre el GGR que estará destinado al apoyo de federaciones y organizaciones deportivas. Y aunque, en un primer momento, esto supone un beneficio, si no se logra la entrada de la mayoría de los operadores internacionales a la regulación, simplemente se convierte en un proyecto muy difícil de materializar.
Por último, la regulación estricta puede implicar menos incentivos a los jugadores, especialmente cuando los operadores se enfrentan a costos fiscales elevados. En general, las plataformas internacionales ofrecen cuotas competitivas y promociones atractivas con premios altos que, además, garantizan facilidad de acceso. Esto supone un atractivo inmenso para que los jugadores opten por operadores internacionales y no por aquellos regulados que deben bajar sus estándares en estos aspectos.
Todo lo anterior revela la latente necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la protección del consumidor y las demandas competitivas del mercado para que el marco regulatorio sea realmente exitoso y eficiente.
Por el momento, el proyecto continúa en trámite en comisiones. Luego, deberá volver a votación definitiva para recibir la firma presidencial.
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