Dos exdirectores del regulador del juego en España crean una consultora de lobby para empresas de apuestas
La polémica envuelve a Carlos Hernández Rivera y Juan Espinosa García, dos antiguos responsables de la Dirección General de Ordenación del Juego en España (DGOJ).
Sus nombres han vuelto a aparecer estos días tras una investigación periodística que revisa qué ocurrió después de su salida de la Administración. El trabajo analiza el camino profesional que siguieron tras dejar el cargo y su actual actividad en el ámbito del lobby regulatorio.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa varias cuestiones sensibles en la política española: las puertas giratorias entre sector público y privado, la colaboración posterior entre antiguos responsables de partidos enfrentados y el papel del lobby en una industria especialmente controvertida como la del juego.
Puertas giratorias en el regulador del juego
La Dirección General de Ordenación del Juego pasó primero por manos de Carlos Hernández. Fue director general entre 2013 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Después llegó Juan Espinosa, que ocupó el cargo entre 2016 y 2020 ya con Pedro Sánchez en La Moncloa.
Desde ese puesto ambos se encargaron de supervisar el mercado del juego online en España: concesión de licencias, control de operadores y vigilancia del cumplimiento de la normativa.
Cuando dejaron la Administración, su trayectoria profesional tomó otro rumbo. Hoy trabajan en el sector privado asesorando a empresas que operan en ámbitos fuertemente regulados, incluido el propio mercado del juego.
Ese salto del regulador al asesoramiento empresarial es precisamente lo que vuelve a poner el foco en el debate sobre las llamadas puertas giratorias. La cuestión de fondo es sencilla: hasta qué punto el conocimiento adquirido dentro de la Administración puede terminar utilizándose después en beneficio de los mismos sectores que antes estaban bajo supervisión pública.
De gobiernos enfrentados a socios: la alianza entre exdirectores del regulador del juego de PP y PSOE
La asociación entre Hernández y Espinosa también resulta llamativa por el contexto político en el que ambos desarrollaron su carrera pública. Cada uno dirigió el regulador del juego en etapas marcadas por gobiernos de signo político opuesto.
Antes de convertirse en director general, Espinosa había trabajado como subdirector dentro del mismo organismo bajo la dirección de Hernández. Con el tiempo, ambos han terminado colaborando en el ámbito privado pese a haber representado etapas distintas del regulador bajo ejecutivos enfrentados.
En 2021 decidieron fundar una consultora privada llamada Silverback Advocacy, que ofrece servicios de asesoramiento en asuntos públicos y regulatorios. Según explica la propia firma, su actividad consiste en ayudar a compañías a interpretar el marco normativo, anticipar cambios legislativos y trasladar a las instituciones públicas los intereses de sus clientes.
Esta consultora, que gestiona los intereses empresariales, añade un nuevo elemento al debate político sobre la relación entre partidos y sector privado, especialmente cuando se trata de ámbitos sensibles como la regulación del juego.
De reguladores públicos a asesores del sector: influencia en una industria controvertida
En España, los operadores necesitan licencias específicas de la Dirección General de Ordenación del Juego, que antes estaban bajo la responsabilidad de ambos exdirectivos. No en vano, el modelo regulador del juego online en España es uno de los mercados más regulados de Europa, con normas estrictas en publicidad, protección de menores y prevención del blanqueo de capitales.
Tras dejar el regulador, tanto Espinosa como Hernández han reenfocado su carrera a mantener vínculos profesionales con el sector, llegando a asesorar a la Asociación Española de Juego Digital (JDigital), patronal que agrupa a varios de los principales operadores de apuestas del país o participar en foros y publicaciones del sector.
Sin embargo, para parte de la opinión pública y del debate político, el hecho de que antiguos responsables del organismo regulador participen ahora en iniciativas vinculadas al mismo sector vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto las fronteras entre regulación, política y lobby empresarial pueden llegar a difuminarse.
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