Consumo inyecta un millón de euros para estudiar la evolución y los nuevos riesgos del juego

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha movilizado una partida de 950.620 euros dirigida a financiar investigaciones sobre los trastornos del juego durante este año. La convocatoria, gestionada a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) tras su publicación en el BOE, abre un plazo de solicitudes que estará activo para universidades y centros de desarrollo hasta el próximo 22 de junio de 2026.

Consumo inyecta un millón de euros para estudiar la evolución y los nuevos riesgos del juego

Las ayudas, otorgadas mediante concurrencia competitiva, financiarán proyectos que se extiendan como máximo hasta verano de 2027, poniendo el foco en comprender cómo están cambiando los hábitos de consumo en nuestro país.

Los seis terrenos que vigilará de cerca el Gobierno

El regulador ha acotado los fondos a seis áreas muy específicas, que suelen ser el paso previo a futuros cambios en el marco normativo, por lo que los departamentos de cumplimiento de las operadoras los miran con lupa:

  • Alertas tempranas: Cómo afinar los modelos matemáticos y algorítmicos para detectar a un usuario de riesgo antes de que desarrolle un problema mayor.
  • El entorno del jugador: Medir el impacto real que tienen las conductas problemáticas en la estabilidad financiera, el terreno laboral o el bienestar familiar.
  • Fórmulas de contención: Evaluar qué herramientas y procesos son realmente útiles a la hora de mitigar los efectos negativos del juego.
  • La frontera de los videojuegos: Analizar los puntos de unión y las pasarelas de comportamiento entre el sector de los videojuegos y los entornos tradicionales de apuestas, azar o póquer.
  • Diseño de los productos: Estudiar a fondo las propiedades estructurales de las loterías y las plataformas de juego online para ver cómo influyen en el usuario.
  • Análisis de género: Descubrir cómo afectan estas conductas de manera diferenciada a hombres y mujeres.

Distancia obligatoria con el sector privado

El texto del BOE introduce un matiz crucial respecto a la independencia de estas investigaciones. Las bases dejan claro que las entidades sin ánimo de lucro que se postulen a las ayudas no podrán tener en sus órganos de administración a ningún operador de juego. El Ejecutivo busca un aislamiento total del proceso para evitar cualquier conflicto de intereses en las conclusiones.

Esta postura encaja con la línea política que viene mostrando el Ministerio, centrada en endurecer los controles sobre los entornos digitales. Ante este escenario de fiscalización constante, las empresas reguladas prefieren defender su espacio y visibilizar su compromiso de manera autónoma. Este enfoque estratégico coincide con las conclusiones defendidas por el propio sector durante el reciente 13ª Congreso de ANESAR, donde se analizó la importancia de promover el juego en positivo como un compromiso común ante los desafíos del mercado actual. Al final, mientras la administración central acelera la vía de la supervisión mediante la financiación de estudios independientes, la industria privada busca afianzar su sostenibilidad institucional reforzando sus propios canales de responsabilidad corporativa y diálogo social.

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Javier Mirete López
Redactor

Javier Mirete ha colaborado con diversas publicaciones B2B, aportando una visión técnica y estratégica sobre el cumplimiento normativo (compliance) y la protección del jugador. Su enfoque se centra en cómo las políticas públicas y las nuevas licencias de juego moldean el crecimiento del mercado, convirtiendo la jerga legal en información interesante para inversores y directivos del sector.

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