El mercado de las apuestas virtuales en Chile vive en una contradicción constante. Por un lado, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a cobrar el IVA digital a estas plataformas. Por el otro, diversos sectores tradicionales de la industria y organismos públicos las acusan de operar fuera de la ley. Esta situación genera un escenario gris donde los únicos perjudicados son los usuarios chilenos, quienes navegan en un mercado sin reglas claras de protección.
La discusión actual ya no pasa por decidir si estas plataformas deben existir o no, sino por cómo ordenar un sector que mueve millones de dólares al año. Mientras el Congreso mantiene congelada la Ley de Casinos Online, la falta de normas técnicas impide controlar aspectos críticos como la ludopatía o el lavado de dinero. Chile necesita avanzar hacia un modelo moderno, similar al que ya implementaron con éxito otros países de la región.
Un vacío legal provocado por el propio Estado
El origen de este conflicto no es la falta de voluntad de las empresas, sino la ausencia de reglas claras. El Ministerio Público investigó el funcionamiento de los sitios de juego online durante casi dos años y decidió archivar las querellas porque no constituyen un delito. El Código Penal actual data de 1875 y lógicamente no contempla el uso de internet. Por lo tanto, no se trata de un mercado ilegal, sino de una actividad económica lícita que carece de un marco regulatorio moderno.
De hecho, la famosa acusación de competencia desleal por no pagar impuestos fue provocada por las mismas autoridades. Varias plataformas intentaron declarar y pagar sus tributos de forma voluntaria hace años. Sin embargo, el mismo Estado las excluyó del sistema y les bloqueó la opción de pago en su momento. La reciente activación del IVA digital viene a corregir este error histórico, demostrando que la industria siempre ha querido formalizar su situación fiscal.
Las claves para una regulación técnica y eficiente
El pago del IVA es solo el primer paso, ya que este impuesto general no resuelve los problemas de fondo de la actividad. Una verdadera regulación debe incluir un tributo específico al juego sobre los ingresos brutos del operador, es decir, sobre lo que gana la casa y no sobre el dinero que deposita el usuario. Los estándares de la OCDE sugieren que esta tasa impositiva debe rondar el 20% para asegurar la recaudación sin destruir el mercado formal.
Establecer impuestos excesivos, como el 37,6% que propusieron algunos sectores, produce el efecto contrario al deseado. Las cargas fiscales ahogan a las plataformas reguladas y terminan empujando a los jugadores hacia sitios clandestinos que operan desde el extranjero. La experiencia internacional demuestra que los países con tasas moderadas logran canalizar más del 85% del mercado legal, mientras que los sistemas con impuestos altos no llegan ni al 30%.
Publicidad restrictiva y protección a los menores
Uno de los puntos más urgentes de la futura ley debe ser el control estricto de la publicidad. Al ser un servicio exclusivo para mayores de 18 años, la promoción gráfica no debería estar permitida en espacios públicos abiertos. Esto incluye la vía pública, los estadios de fútbol y los eventos familiares de alta concurrencia. La publicidad debe limitarse a canales digitales segmentados por edad y a horarios nocturnos para adultos.
Las empresas serias del sector están dispuestas a aceptar estas restricciones severas, asumiendo un marco similar al que hoy regula al tabaco o al alcohol. No existe ninguna contradicción en querer operar de forma transparente y, al mismo tiempo, proteger a los sectores más vulnerables de la población. La sostenibilidad del negocio a largo plazo depende directamente de contar con usuarios informados que jueguen en entornos seguros.
Mientras Chile sigue atrapado en discusiones retóricas, vecinos de la región como Brasil, Perú y Colombia ya tomaron la delantera. Estos países entendieron que la prohibición absoluta no funciona y optaron por ordenar la actividad con tasas moderadas. El Gobierno ya dio el primer paso al destrabar el cobro de impuestos, por lo que ahora la pelota está en el terreno del Senado. Los parlamentarios deben decidir si mantienen un statu quo que favorece al operador clandestino o si dotan al país de una legislación moderna.
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